La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo persigue la finalidad de conseguir un ahorro de energía primaria del 20 % en el año 2020, que obliga a los estados miembros a adoptar medidas de ahorro para cumplirlo.
Uno de los principales consumos energéticos es el gasto de agua y calefacción en las comunidades de vecinos que disponen de sistemas centralizados, ya que al no conocerse los datos de gasto de cada vivienda no se puede decidir cuándo y cómo ahorrar, a pesar de que las necesidades térmicas de un mismo edificio no son casi nunca las mismas.
La nueva normativa exige conocer los consumos individuales y, en el caso de las comunidades de vecinos con calefacción central, obliga a instalar repartidores de costes (RCC) o contadores de calefacción antes del 1 de enero de 2017, para que cada vecino conozca y pague solamente su consumo.
